El proceso constituyente chileno de 2021-2022 es en un hito inédito en las relaciones políticas entre el Estado, la sociedad en su conjunto, y los pueblos originarios. En el plano lingüístico, tanto el proceso como el texto resultante establecieron condiciones de uso y criterios de valoración para las lenguas indígenas, que desbordan con creces el marco de las políticas lingüísticas oficiales implementadas a partir de 1993. La participación de representantes indígenas permitió que se escucharan saludos, intervenciones y discursos formales con distintas modalidades de interpretación en una dirección u otra. El borrador mismo de la Nueva Constitución fue traducido al mapuzugun, aymara y rapa nui. La propuesta establecía un Estado plurilingüe y garantizaba el estatus oficial de las lenguas (en territorios ancestrales y zonas de alta concentración demográfica). Establecía también normas específicas para el ejercicio de derechos lingüísticos en educación, justicia y salud. La cuestión lingüística fue abordada en sintonía con principios de amplia circulación en los debates internacionales. En el plebiscito de salida, sin embargo, la propuesta fue rechazada por amplio margen. Recientemente, se ha dado inicio a un segundo proceso cuyo horizonte político se anticipa minimalista y conservador. Con esos antecedentes, en esta ponencia se presenta una lectura reflexiva del proceso, con énfasis en algunas líneas de acción de los movimientos y/o agentes indígenas, que permiten a las organizaciones dar continuidad (renovación cíclica) a sus prácticas de revitalización, más allá de los debates constituyentes y sus resultados.